Vivimos inmersos en un absurdo político obligados, como el asno de Buridan, a elegir entre dos opciones cada una de las cuales se presenta insatisfactoria y decepcionante. Cataluña se despeña por el precipicio de la ilegalidad guiada por un mulero enloquecido que, de forma consciente, premeditada e irresponsable, ha elegido el peor de los caminos posibles para un gobernante: olvidarse de cumplir con la legalidad. En política se pueden defender y elegir todas las opciones, pero nunca se puede optar por violar el marco legal en el que se desarrolla la acción. Para los desmemoriados, me permito recomendar un libro esclarecedor sobre el tema: “Lo que el Rey me ha pedido”, cuaderno de ruta sobre el suicidio legal de las cortes franquistas, viaje lleno de peligros que los autores resumen en una frase esclarecedora de Torquato Fernández Miranda: “De la ley a la ley”, regla imprescindible para realizar cualquier cambio legal, por complicado y radical que se pueda imaginar.
España es un país que, desgraciadamente, no piensa en términos jurídicos o legales: nos movemos en la más completa visceralidad emocional olvidando que la democracia tiene reglas y que las instituciones del estado deben ser ejemplares en el cumplimiento de la ley. Aquí ponemos y quitamos banderas, hacemos sayos de capas que no admiten cambios o interpretaciones arbitrarias; nos declaramos fervientes legalistas siempre y cuando la legalidad cumpla con nuestros caprichos, pero cuando el marco legal no se ajusta al capricho individual, lo ignoramos.
Puigdemont ha optado por la más rotunda de las ilegalidades, está violentando el marco legal y se declara, de facto, delincuente, ni más ni menos. Todo el corpus legal generado -sobre el que no vale la pena dedicar tiempo a denostar- en busca de la autodeterminación no pasa el más elemental examen de sensatez o corrección jurídica y eso es especialmente grave en la conducta de una parte del Estado. Que nadie olvide que la Generalitat es una parte de la administración del Estado, no un verso suelto indómito y libertario. Puigdemont gobierna desde la legitimidad de unas elecciones posibles en el marco de la Constitución que ahora incumple, viola y olvida.
La otra elección, el alineamiento con el gobierno, se presenta, también como una mala opción si bien es cierto que, en este caso, es el mal menor. No se puede estar conforme con la indolencia y la pasividad de Rajoy, simplemente: es una postura dolosa que debe ser abandonada en aras de una acción política coherente con la necesaria revisión del marco legal de la Constitución. Vamos, que hay que revisar el reparto de los dineros, segunda clave que subyace en toda esta locura absurda en la que nos ha metido. La primera, intentar huir del juicio por corrupción que amenaza con la cárcel a muchos de los los antiguos dirigentes de CiU.
Así las cosas y desde el más profundo hartazgo, me declaro legalista y contrario a la deriva enloquecida que ha adquirido el asunto gracias a Puigdemont y compañía pero que nadie me pida una adhesión incondicional e inquebrantable a los futuros actos de un gobierno que lleva años de indolencia dolosa sin querer enterarse de lo que pasa fuera de los correctos recintos de la política madrileña.
Sr. Rajoy: póngase las pilas de una puñetera vez.
Sr. Puigdemont: váyase al carajo y déjenos en paz de una puñetera vez.
¡Fot el camp, nano!
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